La firma digital y electrónica, se han implementado en la medida que los avances tecnológicos fueron evolucionando a lo largo de estas últimas décadas, marcando una nueva forma de realizar acuerdos comerciales y negocios en organismos tanto públicos como privados, y en empresas.
Gracias a la Ley 25.506 dictada en Argentina se incorporó al régimen internacional el reconocimiento de Documentos con Firma Digital y Firma Electrónica.
Dicha Ley define a La Firma Digital como “un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad del firmante”. Estas firmas generadas mediante tecnologías criptográficas son consideradas legalmente como equivalentes a una firma manuscrita. Esto quiere decir que un documento firmado digitalmente tendrá el mismo peso legal que un documento firmado en puño y letra.
Por otra parte, la ley establece que “La Firma Electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan a una determinada información, que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital”. Estos elementos permiten determinar la identidad del firmante para garantizar la seguridad e inalterabilidad de un documento, lo que significa que el documento no puede ser alterado una vez que esta firma electrónica ha sido colocada.
“En síntesis, la firma digital identifica al firmante y equivale a la firma manuscrita. En cambio, la firma electrónica carece de dicha eficacia probatoria, y en caso de ser desconocida, total o parcialmente, será la parte interesada encargada de acreditar su validez.
La ley brinda mecanismos de control para verificar el cumplimiento de seguridad. Al establecer un marco legal para el uso de la firma digital y la firma electrónica, esta ley contribuye a la seguridad de todos los usuarios. Por lo tanto, la misma garantiza que existan transacciones y servicios seguros, brindándoles confianza ante fraudes, robos y manipulación de sus datos personales a todos los usuarios.
En conclusión, la Ley 25. 506 de Argentina representa un gran avance en lo que se refiere al uso de la firma digital y la firma electrónica como medio para autenticar documentos digitales y asegurar que las transacciones sean llevadas a cabo en forma segura y regulado a través de un marco legal.
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